Jarillon del Rio Cauca-muro protector

Al jarillón del río Cauca lo están vendiendo. En la Unidad de Patrimonio Económico de la Fiscalía ya avanza una investigación radicada con el número 760016000199201001709 por una supuesta estafa y venta ilegal de lotes, promovida por algunos invasores.
El caso, abierto en septiembre de este año, se encuentra en etapa de indagación y se puso en marcha después de que un habitante del sector denunciara el hecho ante la Secretaría de Gobierno de la ciudad.

Un funcionario de la misma dependencia, que pidió la reserva de su nombre, describió el ‘modus operandi’ del negocio. Según él, algunos invasores con influencia en la zona se apropian de las tierras para después vender lotes de 12 ó 15 metros por un valor que no excede los $300.000. “Lo que venden es el derecho a estar sobre el jarillón para que después, por estar en una zona de alto riesgo, tengan chance de ser reubicados y acceder a un subsidio de vivienda de una forma más rápida”.

Lo que se vende, entonces, no es tierra sino un derecho para invadir bajo una ilusión: la de conseguir una vivienda subsidiada por un camino corto. Lo que se vende, entonces, es un atajo.

Ese negocio también se repite en otros asentamientos de la ciudad. En Cali existen 97 invasiones en los que viven de manera ilegal 13.900 familias. “Entre un 20 y un 30% de ellas invaden empujadas por esa mafia que comercializa la tierra del municipio o lotes que pertenecieron al narcotráfico”, aseguró Marco Zambrano, secretario de vivienda de Cali.

Un alto funcionario del departamento agregó otro detalle sobre la forma en que opera aquella mafia: detrás de los invasores que se apoderan de las tierras, hay políticos que los financian.

“No escriba mi nombre porque me matan. Pero sé que hay invasiones en el jarillón promovidas por líderes que han llevado a la gente a invadir, que pelean derechos para esa gente y que luego, después de recibir subsidios de vivienda, trasladan a la misma gente a ocupar otras zonas de Cali. Cuando le digo que esos líderes están aliados con políticos es porque sé que detrás de la financiación que reciben, hay un tráfico de votos a cambio”.

Hoy en el jarillón que protege a la ciudad de desboradamientos del río Cauca viven unas doce mil personas, la misma población de un pueblo como Bojayá, en el Chocó.

Aunque la dinámica de los reubicados invasores ha sido detectada por la Secretaría de Vivienda, en el Municipio aún no han podido cuantificar los alcances del daño que eso representa, tanto para el presupuesto de la ciudad como para los reales afectados. “Aunque no tenemos el número exacto, hemos identificado a varios invasores del jarillón que después de ser reubicados en casas de Potrero Grande, arrendaron esas viviendas para regresar al dique”, aseguró Marco Zambrano.

En una de las visitas que realizó El País al Jarillón, se recogieron testimonios de invasores que aseguraron conocer vecinos que aunque ya fueron reubicados, volvieron al dique y reciben dinero por sus casas alquiladas.

Esa denuncia, que se conoce de tiempo atrás, se comprobó por estos días en los que el país afronta el invierno más dramático de su historia. Cuando el Comité Local para la Atención de Desastres realizó un censo en las invasiones Puerto Nuevo y Brisas del Cauca, anegadas por la creciente del Cauca, se comprobó lo temido:

Entre quienes reclamaban ayuda porque el agua había inundado sus ranchos dejando sepultados bajo el agua camas, estufas, muebles, perros, había 14 nombres que figuran entre los 1.108 reubicados previamente en Potrero Grande; 14 propietarios que pretendían inscribirse en una nueva lista para pujar por otra casa subsidiada por el Estado. Los nombres, sin embargo, fueron anotados sin escrúpulos:

Flor María Herrera, Surly Vanessa Flórez, Julia Lucumí, Jenny León Lugo, Jurley Mosquera, María Elena Lugo, Teodoro León, Yolanda Navia Díaz, Arosana Díaz, Carmelina Plata, Yakeline Jiménez, María Esi Ramírez, Maryuri Ramírez y Luz Mila Bolaños, aparecen en un registro oficial bajo el rótulo de “damnificados por el invierno”.

En los últimos dos años, el Municipio gastó $30.000 millones en la reubicación de gente a Potrero Grande.

Aunque hay quienes creen que invadir es una falta simple, excarcelable incluso, lo cierto es que el artículo 337 del Código Penal señala que lo configurado en el jarillón es un delito: “Quien invada áreas protegidas o de interés estratégico, incurrirá en un delito por el que podrán aplicarse penas entre los dos y diez años de cárcel”.

Pero hay algo aún más grave que el mal aprovechamiento de las ayudas oficiales: los invasores, replicando la acción de las hormigas arrieras que carcomen las entrañas del dique, también lo han perforado a su amaño.

Bajo la tierra se esconde un laberinto de túneles a través de los cuales, en ocho años, han sido sumergidas tuberías artesanales y cavadas centenares letrinas para adecuar una y otra vez cada nuevo asentamiento. El daño causado a la barrera que protege a la ciudad de la furia del río es completamente desconocido.

Por esta razón, hace cuatro días, en su visita al Valle del Cauca, el presidente Juan Manuel Santos lo advirtió: “Perdonen el regaño, pero no hay derecho que en Cali el jarillón no sólo esté invadido sino que tenga servicios públicos”.

Rodrigo Zamorano, secretario de Gobierno del Valle, dijo entonces que la CVC debía invertir en la reparación del dique un gran porcentaje de los dineros que anunció para la mitigación de la ola invernal. “Son al menos 800.000 caleños en riesgo y ese es el sector más vulnerable de la región para que ocurra una tragedia ”, aseguró el funcionario.

Ante el llamado, María Jazmín Osorio, directora de la CVC, reconoció que no sabe cómo hay que recuperar el dique de la invasión reiterada que ha padecido: “No hemos podido ni siquiera hacer un diagnóstico de las obras que se deben realizar”.

¿Donación o negocio?

Sobre el jarillón se estaría fraguando un negocio millonario. Se trata de una operación casi imperceptible y difícil de descifrar. Sin embargo, de ser cierta, podría tratarse de una maniobra que dejaría una verdadera fortuna en manos de un particular.

La transacción estaría siendo ejecutada sobre un lote de 70.000 metros cuadrados: una explanada en la que cabrían 12 canchas de fútbol pero que, de acuerdo con su certificado de tradición, en el 2009 fue avaluada comercialmente en treinta millones de pesos. Ese predio, sobre el que debería levantarse un ecoparque que impida futuras invasiones y preserve las condiciones del suelo, desde hace un año estaría recibiendo volquetadas de escombros sin que las autoridades ambientales sepan con exactitud qué es lo que cae allí.

La propiedad, ubicada entre el Cauca y el dique que protege a la ciudad de una embestida del río, fue adquirida el 13 de marzo del 2009 por la Fundación Recicladora del Valle, Recivalle, a través de un acto de compraventa suscrito con José Jair Tabares Medina. Tabares Medina, según los registros de la Cámara de Comercio, era el representante de Agrícola Tame, empresa que desde hace 26 años no renueva matrícula mercantil y que, por tanto, es casi una firma inexistente.

El terreno es uno de los tantos que quedaron en manos de particulares cuando hace 49 años la CVC empezó a comprar los predios para construir el jarillón. En ese entonces algunos lotes no fueron adquiridos por el ente ambiental porque iban a ser destinados a zonas verdes; o porque no estaban justamente sobre el trazado de la obra de protección. Sin embargo, para esas tierras, recaía un cuidado especial; en el 2006 la zona fue catalogada como de alto riesgo y el Municipio solicitó una declaración de calamidad pública que permitiera oficializar un plan de acción direccionado por la Consultoría Ambiental de la Nación.

Así, quedó establecido que en la zona de influencia del dique debían “erradicarse” basureros y ecombreras ya que su efecto, sumado al de las invasiones, le aumentarían su vulnerabilidad inconteniblemente. ¿Por qué entonces a Recivalle, el 21 de octubre del 2009, la CVC le otorgó un permiso para ejecutar allí un relleno?

Hernando Devia y Ómar Chaves, ingenieros ambientales de la Corporación, le aclararon a este diario que el permiso concedido fue para una adecuación de relleno y no para disposición final de escombros. Esta decisión fue tomada porque las zonas adyacentes ya venían siendo invadidas de manera ilegal, explicaron. Y a través de Recivalle, que había demostrado los requerimientos necesarios para emprender dicha labor de manera tecnificada, podría formalizarse la actividad, agregaron. “Era la vía para controlar lo qué se hacía allí, porque en todos los otros tramos la gente había rellenado sin orden alguno, incluso, casi sobre el cauce del río”.

Además, tanto en ese momento como ahora –enfatizaron–, la ciudad urgía una zona para disponer las 1.400 toneladas diarias de escombros producidas en Cali, a las que se le sumarían lo que saliera de la construcción de las megaobras.

El problema es que la buena fe señalada por la CVC habría terminado legitimando la ‘viveza’ de un particular, a costillas de un posible daño ambiental de hondas dimensiones. Imagine esto: en una cancha de fútbol caben 150 volquetas estacionadas; en 12 canchas, 1.800; en una escombrera cualquiera una volqueta, para descargar, debe pagar por lo menos $20.000. En el año que lleva operando Recivalle ¿cuánto habrá podido recibir por derechos de descargue? ¿Y qué tanto habrá caído allí, a pocos metros del cauce del río Cauca?

La incógnita, al parecer, es tan mayúscula que en un concepto técnico enviado la semana pasada por la CVC a la Procuraduría Ambiental, se advierte ese desconocimiento. En el ítem correspondiente a “ejecución del relleno según el diseño presentado”, la respuesta de la Coporación es: “no se pudo verificar”.

El País pudo conocer que en un mes estaría llegando a la ciudad una comisión de la Procuraduría Agraria de Bogotá que sería enviada para levantar una medición topográfica del lote, con miras a determinar en qué condiciones está esa zona contigua al jarillón y emprender acciones pertinentes.

Aunque es un pasado superado, resulta inevitable recordar la situación del botadero El Mameyal, cuando en otra administración la CVC aprobó una licencia ambiental para rellenar un predio en el que un particular, además de cobrarle a la Alcaldía por la disposición de escombros, pretendía levantar cuatro torres de edificios. De esa manera pretendían que el Municipio terminara pagando un relleno millonario que al constructor le correspondía. En el caso del jarillón, ¿realmente quién se está favoreciendo?

Raúl Vásquez, un ingeniero mecánico de la Universidad Autónoma que funge como representante legal de Recivalle asegura que el suyo es un interés, prácticamente, altruista: “Nosotros adquirimos el lote, le propusimos a la CVC recuperar la zona y luego vamos a donar el terreno a la Corporación o al Municipio. Lo que queremos hacer es lograr que el Cauca sea como el Danubio y que en un tiempo la gente vaya a comer a la orilla del río. Es un proyecto planteado para hacerse en dos fases”. La primera fase, de acuerdo con sus cálculos, tiene un costo trece mil millones de pesos.

Vásquez, mientras enseña una carpeta de documentos ilustrada con el dibujo digital de un río azul y un yate atracado en la orilla, dice que en el lote sólo reciben tierra removida y capa asfáltica provenientes de la obra de la Troncal de Aguablanca, con la que tienen convenio. Y que todo lo que hacen en el predio es conocido por la CVC. “Me extraña que digan que no saben que vamos a donar el lote. Eso quedó consignado en un acta”.

El representante de Recivalle, dijo también, que los trabajos están siendo ejecutados con recursos propios. “Nosotros somos una ONG ambiental con 16 años de historia que ha contratado con el Municipio, asesorado distintos proyectos ambientales. Y contamos con el apoyo de una empresa del otro lado, de Miami, que hace ecoparques en todo el mundo”.

Con respecto al monto cobrado por el descargue de las volquetas en el predio, Vásquez se negó a revelarlo argumentando que es información privada. “No se por qué se preocupan tanto por la plata si este no es el fondo del asunto, sino la recuperación de la zona”.

Al final de la entrevista, Vásquez le dio play a una presentación de fotos en un computador portátil. Las imágenes sucesivas mostraban la intervención de Recivalle en el lote. De fondo sonaba una canción de Alberto Plaza: Voy a Cambiar el Mundo.

¿Quince años de denuncias estériles?

El jarillón del río Cauca, la obra más importante de Cali en materia de protección de inundaciones está, desde hace años, desprotegida por las autoridades y los gobiernos de la ciudad.

Eso lo comprueba la historia de Arturo Vélez Sierra, propietario de la finca Potrero Grande, que colinda con la Planta de Tratamiento de Aguas de Puerto Mallarino y con el jarillón. A finales de los 50, su familia decidió venderle a la CVC parte de la finca para la construcción del dique. “Por eso, conozco la historia del jarillón desde que se empezó a construir”, dice.

Desde hace más de 15 años, con pruebas fotográficas, Vélez Sierra ha venido denunciando las invasiones que se han apoderado del dique, el deposito continuo de escombros, los residuos de marraneras que contaminan al río y la tragedia que podría ocurrir en Cali en caso de que se desborde el Cauca. El resultado: amenazas de muerte en su contra.

“A pesar de todo el tiempo que llevo denunciando ante diferentes entidades, ni alcaldes, ni gobernadores, ni la CVC, ni el Dagma, nadie, nadie, ha tomado cartas en el asunto. Y está tan diagnosticado el problema, que no existe una sola entidad en Cali que no lo conozca”.

En efecto, Vélez Sierra le mostró a El País denuncias que datan desde 1997 hasta la actualidad, sin que las autoridades hayan tomado medidas de fondo: una carta dirigida a Juan Fernando Burgos, Gerente General de Emcali, con fecha del 18 de septiembre 1997, denunciaba que “el jarillón ha sido invadido y según aducen algunos pobladores, el terreno les ha sido vendido por la CVC”; una carta dirigida un año después a James Ortega Argoti, de la CVC, anunciaba que “han proliferado colonos en el jarillón y su irresponsable comportamiento, con la tolerancia por omisión de las autoridades, pone en peligro la estabilidad del dique”; el 8 de noviembre de 2004, Vélez le insiste al director de la CVC, Juan Camilo Arias, de la necesidad de intervenir el jarillón. “Después de 10 años de denuncias para impedir que se invada y se viertan escombros sobre el jarillón, esto se sigue presentando”.

Arturo Vélez asegura que “Cali se encuentra ante la posibilidad de sufrir una mega catástrofe “pero ni el Dagma, ni la CVC, ni la Alcaldía, ni la Gobernación, han invocado el Sina (Sistema Nacional Ambiental Ley 99 de 1993) ni el Sigma (Sistema de Gestión Ambiental Municipal) que los obliga a actuar conjuntamente, especialmente cuando se trata de evitar catástrofes”.

Debido a esa falta de acciones para recuperar el jarillón, Alberto Ramos, ex procurador ambiental de Cali, está solicitando la realización de un juicio de responsabilidades a ex alcaldes, ex directores de la CVC, al Dagma, “para que demuestren qué hicieron por el jarillón”.

Por el momento, la Procuraduría ya abrió investigaciones a los directores de las Corporaciones Autónomas Regionales para determinar su responsabilidad por las inundaciones que hoy padecen departamentos como Valle y Atlántico

 

fuente: EL PAIS

www.Elpais.com.co

Sabado, Diciembre 18 de 2010

Nota No. 62-11 (Temas De ciudad)

 

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Publicado el junio 22, 2011 en Temas de ciudad y etiquetado en , , , , , . Guarda el enlace permanente. Deja un comentario.

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